Los trabajadores hispanos en los Estados Unidos y Centroamérica disfrutarán de pocas ventajas si un nuevo Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés) es aprobado por el Congreso en esta primavera de 2005. En efecto, como ocurrió con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN, o NAFTA) unos años atrás, esos trabajadores serán perjudicados por la adopción de este tratado supuestamente diseñado para establecer el libre comercio entre los EEUU y cinco países de Centroamérica y República Dominicana.

Lo que se escucha más a menudo de la prensa norteamericana es cómo los mundos de negocios y gobierno favorecen a este tratado. Nadie pregunta sobre cuáles serán los resultados para el sector más afectado: los trabajadores. El CAFTA, firmado durante el pasado verano por el presidente Bush, hace la vista gorda ante los derechos de los trabajadores, las leyes laborales, las políticas contra la discriminación, las leyes de compensación y la protección ambiental. El tratado promueve la causa de las grandes corporaciones a costa de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente.

El CAFTA abarca Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Fue creado según el ejemplo del acuerdo hermano, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Afirman sus exponentes que abrirá el libre comercio entre los estados miembros y los EEUU, produciendo más empleos y mejores condiciones.

Se han realizado decenas de reuniones en Washington, el estado de la Florida y muchas otras importantes ciudades de los EEUU con la participación de ejecutivos bien ataviados, conducidos en sus limosinas, y diplomáticos de los gobiernos de Norte y Centroamérica, quienes enumeran una supuesta ventaja tras otra del CAFTA. Pero rara vez se escucha la voz de las personas que supuestamente serán las más beneficiadas por este tipo de tratado de comercio. Ciertamente no están desfilando para defender su aprobación. Al contrario, trabajadores, grupos que promueven los derechos de los trabajadores y grupos religiosos y ecológicos están efectuando protestas justamente en los países que supuestamente sacarán el mayor provecho de esta iniciativa.

De hecho, recientemente en Washington los dirigentes de cuatro grupos latinos de derechos civiles, entre ellos nuestra organización, sumaron sus voces a la creciente preocupación que existe sobre la aprobación del CAFTA. Sus principales inquietudes incluyen la atención inadecuada a las normas ecológicas y laborales, el posible daño a los mejores agricultores centroamericanos a causa de productos norteamericanos subvencionados, el insuficiente papel de los grupos laborales o locales a la hora de ofrecer sus criterio,s y las ganancias desproporcionadas de las compañías multinacionales a costa de los trabajadores y los pobres.

Según algunos estimados, en estos momentos 400 personas emigran a los EEUU desde Centroamérica todos los días. En nuestra opinión, CAFTA incrementará la emigración y no mejorará las condiciones.

A causa del NAFTA ha crecido el número de personas que son excluidas de la fuerza laboral formal y que han sido a su vez relegadas al llamado sector ''informal'', donde son pocas e inusuales las leyes de protección. Los sueldos de trabajadores en México bajaron, no subieron. Las mismas condiciones pueden aparecer bajo el CAFTA, pero a un ritmo accelerado. Para comenzar, los países del CAFTA están muy en desventaja con respecto a los Estados Unidos, Canadá y otras naciones desarrolladas en lo que a leyes laborales y protección de los derechos humanos se refiere.

El CAFTA hace caso omiso a principios fundamentales como la necesidad de cumplir con leyes laborales de protección a la población infantil y a la mujer y como la adherencia a las normas laborales internacionales que regulan la contratación, despido, pago, derechos y condiciones justas de trabajo del empleado.

Muchos de los países del CAFTA cuentan con Ministerios del Trabajo que no son lo suficientemente estrictos con los estándares internacionales en materia de empleo. En algunos casos, el poder judicial no hace cumplir los derechos laborales elementales. Tal es el caso de negociaciones colectivas en cuanto a beneficios de salud, pensión y educación. Más atroz aún, algunos no tienen leyes que protejan a los niños contra trabajos forzados o a las mujeres contra la discriminación laboral, salarial u otros abusos, como ocurre con el derecho que se atribuyen algunos empleadores a hacer pruebas de embarazo sin previo aviso.

Sin las normas básicas de protección laboral y salarial, en Centroamérica la fuerza trabajadora desempleada se verá obligada a subsistir con cualquier tipo de trabajo o remuneración que pueda conseguir. Los índices de pobreza aumentarán mientras el respeto a los derechos humanos decaerá.

De nuevo, siguiendo el fracasado modelo del NAFTA, en la medida en que sigan siendo exportados al sur, en los Estados Unidos cada vez se perderán más puestos de trabajo, sobre todo aquéllos ocupados por hispanos. ¿El resultado? Un círculo vicioso e inevitable de pérdida y explotación.

El CAFTA apoya prácticas laborales que están por debajo de los estándares aceptados y que ponen en riesgo los puestos de trabajo en Norteamérica. Este tratado beneficia a las corporaciones que buscan mano de obra barata. No hace nada para proteger a las familias trabajadoras de los EEUU y Centroamérica. Nuestra única esperanza ahora es que el Congreso minimice la participación de los EEUU en el tratado y que coloque a éste de nuevo en la mesa de discusiones. Allí, con algo de suerte, el CAFTA podrá mostrar un ápice de humanidad.

Directora en la Florida de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).